Como si se tratara de un homenaje espontáneo por los 120 años del nacimiento de Jorge Luis Borges (ocurrido ayer) la sentencia del gran escritor argentino se tranformó en una suerte de guía para los movimientos de la transición santafesina. Aquello de «no nos une el amor sino el espanto» es la síntesis del momento que atraviesa el diálogo entre los que llegan y los que se van frente al panorama que ofrecen las medidas económicas de lo que queda del gobierno de Mauricio Macri, y la larga marcha hasta el 27 de octubre principalmente. Tanto que el gobernador Miguel Lifschitz parecía uno más entre la docena larga de mandatarios peronistas, cuyo vocero fue el lavagnista Juan Manuel Urtubey, cerrando filas ante los manotazos de ahogado del flamante ministro Hernán Lacunza que anunció un par de medidas temporarias que lejos de aliviar a la ciudadanía, complican las economías provinciales para hacer frente a compromisos no sólo con proveedores sino con los trabajadores de planta a los que además de los salarios, dentro del lapso que abarca el parche esta también el medio aguinaldo. Esa es una preocupación que comparten tanto Omar Perotti -quien deberá pagarlo- como Miguel Lifschitz -que deberá dejar los recursos en la caja–. Pero junto con eso deberá establecerse la política salarial, y en el ojo de la tormenta está la «cláusula gatillo», el mecanismo de actualizacion vigente.

El «ahora» supone cumplir los compromisos, mantener la poca actividad económica, no paralizar la obra pública y garantizar el pago de haberes.

Como en una partida de ajedrez, y después de algunas movidas que no fueron las más acertadas, tanto los delgados del gobernador electo, como los ministros del actual, decidieron «sellar la jugada». Fue Ruben Michlig quien inecesariamente instaló el tema, cuando aún restan cuatro meses largos para que Perotti se haga cargo del gobierno. No parecía que tuviera demasiado sentido empezar a pagar costos adelantando posiciones o decisiones que no le tocan en turno tomar. Más aún en medio de una campaña electoral nacional de la que Perotti participa, y en la que Alberto Fernández le ha asignado un papel de relevancia. Qué necesidad o apuro tendría el gobernador electo en definir algo que no está en sus manos por ahora ni lo estará hasta el año que viene. Más aún cuando el contexto será diferente –en el muy probable caso de que Alberto Fernandez resulte electo en octubre-y se generalice lo que hasta ahora era exceopción: Las paritarias.

Por otro lado, las recientes declaraciones del gobernador Lifschitz («estamos estudiando el tema de la clausula gatillo»), se diferencian de la garantía que ofrecían semanas atrás más de uno de sus ministros, tal vez con mayor entusiasmo la de Educación, Caludia Balagué.

Michlig había empezado a hablar de la cláusula gatillo.

Aún estando «de salida», y probablemente en el peor momento en décadas, el Socialismo no querrá arriar esa bandera. Menos aún durante un trance electoral en el que aspira tener otra vez un diputado nacional -cosa que no ocurre desde la elección que llevó a Hermes Binner a la Cámara baja– . Sin embargo, la auditoría que encargó el peronismo y el avance de las reuniones bilaterales ofrecen un escenario peor del conocido, según los voceros de Perotti, y tal como se público en Rosario/12 en ediciones anteriores, «lo que ya estaba mal, ahora está peor» según la declaracion de uno de los negociadores de la transición.

El «ahora» supone cumplir los compromisos, mantener como se pueda la poca actividad económica, no paralizar la obra pública, garantizar el pago de haberes y no mucho más que eso, en medio del tembladeral que es el fin del gobierno nacional.

Hay intereses comunes y hay tiempo para resolver lo que hoy no puede definirse. Será seguramente después de octubre, cuando todavía resten 45 días para el cambio de inquilino en la Casa Gris, y ya hayan transcurrido cuatro largos meses desde que Perotti fuera electo. En esas reuniones, en las que se tratarán temas de fondo, con todas la cartas sobre la mesa, no estaría de más incluir de cara al futuro la conveniencia -o no como puede verse ahora mismo- de que transcurra casi medio año desde que el candidato electo asuma como gobernador.