Los beneficiarios del RIMI podrán optar entre el régimen fiscal habitual del Impuesto a las Ganancias o un método de amortización acelerada. Esta opción les permite descontar rápidamente el valor de sus inversiones de la base imponible, lo que reduce la carga tributaria durante los primeros años de puesta en marcha. Por ejemplo, las inversiones en bienes muebles amortizables podrán deducirse en dos cuotas anuales iguales; las obras, en cuotas proporcionales a una vida útil reducida en un 40 por ciento; los equipos de riego y mallas antigranizo, en una sola cuota. Además, los créditos fiscales de Impuesto al Valor Agregado (IVA) asociados a estas inversiones podrán solicitarse para devolución anticipada una vez transcurridos tres períodos fiscales desde la adquisición.

El Ministerio de Economía, junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, determinarán un cupo presupuestario anual para la devolución de estos créditos fiscales. Así, el Estado limitará la cantidad de fondos fiscales involucrados cada año.

Exclusiones y sanciones

El acceso al programa tiene restricciones que buscan evitar comportamientos riesgosos o fraudulentos. Quedan automáticamente excluidos quienes tengan condenas judiciales por delitos económicos, tributarios, aduaneros o cambiarios, así como quienes registran deudas impositivas exigibles. La exclusión comprende también a empresas cuyos socios, directores o representantes legales se encuentren en alguna de esas situaciones. Tampoco es compatible para inversiones que ya sean beneficiadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) u otros programas similares.

El RIMI establece que los bienes adquiridos deberán permanecer en la empresa durante al menos dos años fiscales. Si fueran vendidos antes de ese plazo, la empresa perdería los beneficios, excepto en situaciones como reemplazo por otro bien de igual o mayor valor, destrucción por accidente o fuerza mayor o cuando haya transcurrido al menos un tercio de la vida útil declarada del bien.

Fuente: 1765113360