Ecuador deportó al programador sueco Ola Bini después de revocar su visa y abrir un procedimiento administrativo para expulsarlo del país, más de un año después de que la justicia declarara prescrito el proceso penal que enfrentó desde 2019. La medida fue adoptada entre la noche del jueves 1 y la madrugada del viernes 2 de octubre y, según su defensa, incluye una prohibición de regresar a territorio ecuatoriano durante diez años.

La decisión migratoria no corresponde a la ejecución de la condena que Bini recibió en segunda instancia en 2024. El proceso penal concluyó el 25 de julio de 2025, cuando el Tribunal de Alzada declaró su prescripción. Ese antecedente consta también en el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La nueva actuación contra el ciudadano sueco tiene un fundamento diferente. Según Bini y su abogado, Carlos Soria, las autoridades ecuatorianas revocaron su condición migratoria con base en informes reservados que lo identificarían como una amenaza o riesgo contra la seguridad pública y la estructura del Estado.

El contenido de esos documentos no había sido divulgado hasta este viernes. La defensa sostiene que tampoco pudo conocerlos y controvertirlos antes de que se resolviera la deportación.

El procedimiento comenzó el jueves, cuando Bini salió de su vivienda en el norte de Quito. De acuerdo con la acción de hábeas corpus presentada posteriormente, fue interceptado a pocos metros del inmueble por personas que se identificaron como agentes migratorios y trasladado hasta las oficinas de Migración.

Sus abogados señalaron que no se les exhibió una orden judicial de detención, retención o captura. Una vez en las dependencias oficiales, Bini fue informado verbalmente de que su visa había sido revocada. Después recibió el auto con el que comenzó formalmente el procedimiento administrativo para determinar su deportación.

La audiencia se desarrolló durante las siguientes horas. Al finalizar, una autoridad migratoria dispuso su deportación hacia Suecia. Soria informó además que la resolución establece un impedimento para volver a Ecuador durante los próximos diez años.

Paralelamente, la defensa había presentado un hábeas corpus. Bini cuestionó que el procedimiento migratorio continuara mientras esa garantía constitucional permanecía pendiente de resolución.

A la 01:42 del viernes, el programador informó desde el aeropuerto internacional Mariscal Sucre que se encontraba rodeado por policías y que había sido deportado inmediatamente después de que un informe reservado lo calificara, según su versión, como una amenaza para Ecuador. La salida requirió además gestionar documentación de emergencia debido a que no contaba con un pasaporte vigente.

La expulsión introduce un nuevo capítulo en una controversia que comenzó hace más de siete años.

Bini, residente en Ecuador desde 2013, fue detenido en abril de 2019 en el aeropuerto de Quito cuando se disponía a viajar a Japón. El arresto ocurrió el mismo día en que el Gobierno ecuatoriano retiró el asilo diplomático a Julian Assange en su embajada en Londres.

La Fiscalía procesó al informático por acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, en una investigación relacionada con infraestructura de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.

Bini permaneció más de 70 días en prisión preventiva hasta que un tribunal aceptó un hábeas corpus en junio de 2019. El proceso continuó durante los siguientes años y llegó a juicio.

En enero de 2023, un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha declaró por unanimidad su inocencia al considerar que las pruebas presentadas no demostraban que hubiera cometido el delito investigado. La Fiscalía apeló esa decisión.

En abril de 2024, dos jueces de una sala de la Corte Provincial de Pichincha revocaron la absolución y lo condenaron a un año de prisión por tentativa de acceso no consentido a un sistema informático. La defensa recurrió la decisión.

El expediente, sin embargo, terminó sin una condena penal ejecutoriada producto de ese recorrido procesal. El 25 de julio de 2025, el Tribunal de Alzada declaró prescrita la causa y posteriormente fueron levantadas las medidas que todavía afectaban a Bini. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH registró que la prescripción se produjo después de dilaciones en la tramitación del caso.

Bini presentó posteriormente una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, en octubre de 2025.

La actuación de esta semana se produjo, por tanto, cuando aquel proceso penal ya había concluido por prescripción. La deportación deriva de la legislación migratoria, que permite revocar una visa ante determinadas causales vinculadas, entre otros supuestos, con actos contra la seguridad pública y la estructura del Estado.