La mora récord de los préstamos a las familias quedó en el centro de la discusión financiera, pero el Gobierno sostiene que el sistema bancario ya atraviesa una etapa de normalización. Bajo esa lectura, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) preparan cinco medidas para ampliar el crédito en pesos, con foco en los préstamos personales, el financiamiento a comercios y las empresas.

El diagnóstico oficial fue expuesto por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, durante una ronda con inversores organizada en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en Bangkok, Tailandia, en octubre de 2026. El funcionario presentó las iniciativas como parte de un estímulo monetario que busca generar más competencia entre intermediarios financieros, mejorar el perfil de los tomadores de crédito y reducir costos para los comercios.

Pese a que los niveles de morosidad se encuentran en los valores más elevados de las últimas dos décadas, el paper presentado por Werning sostiene que los préstamos bancarios en situación irregular comenzaron a bajar, luego del impacto rezagado del shock electoral, mientras crece la refinanciación de deudas de los hogares. Sobre esa base, el BCRA plantea que el ciclo de crédito puede recuperar dinamismo.

La primera medida apunta a los préstamos personales de empleados públicos que se cobran mediante el sistema de descuento de haberes.

El BCRA eliminará el tope de tasa de interés para estos créditos y permitirá que el código de descuento pueda transferirse a otra institución que reúna las condiciones exigidas. La intención es dar más seguridad a las entidades que adquieren una cartera ya otorgada y, a la vez, ampliar las alternativas de fondeo.

El cambio busca que los préstamos asociados a salarios del sector público tengan mayor circulación dentro del sistema financiero. Para el Gobierno, esa posibilidad puede facilitar que más entidades participen de ese segmento y mejoren las condiciones de acceso al financiamiento.

La segunda iniciativa se concentra en los trabajadores del sector privado que acceden a créditos con descuento salarial.

La propuesta prevé centralizar los flujos de pagos con afectación específica a través de la Cámara Electrónica de Compensación de Medios de Pago (Coelsa). El empleado conservará la potestad de asignar los fondos, mientras que el empleador no deberá asumir tareas administrativas vinculadas con ese circuito.

El objetivo es ordenar el mecanismo de cobro, reducir fricciones operativas y evitar que las compañías funcionen como intermediarias de un proceso que quedará concentrado en la infraestructura de pagos y en la decisión del trabajador.

La tercera medida apunta a uno de los problemas habituales de los comercios: el tiempo que transcurre entre una venta con tarjeta y el cobro efectivo de esos fondos.

El Gobierno propone que los cupones de tarjetas sean reconocidos como instrumentos legales, digitales y transferibles. También podrán ejecutarse mediante procedimientos sumarísimos en caso de incumplimiento.

La modificación permitiría que los derechos de cobro por ventas con tarjeta accedan a canales de financiamiento más amplios. Según la presentación, los cupones podrán ser objeto de oferta pública y elegibles para inversiones de fondos comunes de inversión abiertos.

La medida busca que los comercios utilicen esos flujos futuros como respaldo para obtener liquidez, sin depender únicamente de los plazos de acreditación de las administradoras de tarjetas o de líneas bancarias tradicionales.

La cuarta iniciativa se dirige al financiamiento corporativo. El plan contempla la creación de un Sistema Federal de Garantías, con una base de datos centralizada de los activos ofrecidos como respaldo para préstamos garantizados.

La presentación no detalla el alcance operativo ni los plazos de implementación. Sí establece que la finalidad será reunir en un registro único la información sobre los bienes afectados como garantía.

La centralización busca aportar información para las entidades que evalúan préstamos con respaldo patrimonial. En la visión oficial, un sistema de ese tipo puede reducir incertidumbres sobre los activos comprometidos y facilitar la utilización de garantías en el crédito para empresas.

La quinta medida alcanza a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), que respaldan créditos de pequeñas y medianas empresas mediante avales.

El Gobierno prevé elevar el límite de apalancamiento para los bancos. La presentación identifica a ese cambio como una herramienta para ampliar el alcance de las garantías y favorecer el financiamiento corporativo.

Las SGR cumplen un papel relevante para las compañías que no cuentan con suficiente historial financiero o activos propios para obtener préstamos en mejores condiciones. Con un límite más alto, el Ejecutivo espera ampliar la capacidad de respaldo del sistema.

Además de las cinco medidas, Werning planteó que las condiciones para recuperar el crédito ya están presentes. Según su exposición, las tasas de fondeo de los bancos son negativas en términos reales, bajas y estables, por lo que no constituyen una restricción para prestar.

El funcionario indicó que las tasas de los préstamos ya bajaron para las empresas y comenzaron a disminuir para los hogares. En el caso de los créditos hipotecarios ajustados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), el BCRA informó que los otorgados en agosto tuvieron una tasa promedio de UVA más 6,9%.

La presentación también señaló que el Central busca ampliar el acceso al crédito bancario, reducir el costo de endeudamiento y extender los plazos de financiamiento. Entre las medidas ya puestas en marcha, mencionó un nuevo marco prudencial para los préstamos corporativos en dólares y nuevas subastas de fondeo de largo plazo para hipotecas destinadas a hogares.

Werning afirmó que el BCRA no recurrirá a "atajos" con costos ocultos para acelerar el crédito. Entre las alternativas descartadas incluyó rescates de carteras irregulares de los bancos, una flexibilización de la evaluación crediticia y cambios que reduzcan la protección de los depositantes.

La posición se apoya, según la exposición, en tres criterios: preservar un sistema bancario con capital sólido, evitar que la regulación distorsione la información sobre la calidad de las carteras y mantener niveles de liquidez que resguarden a los depositantes.

El vicepresidente del BCRA también atribuyó una parte relevante del costo financiero total a la estructura impositiva. De acuerdo con las estimaciones presentadas, la carga tributaria representa 32 puntos porcentuales de tasa en los préstamos personales, 46 puntos en las tarjetas de crédito, 13 puntos en los documentos descontados por empresas y 3,3 puntos en los créditos hipotecarios.

La presentación atribuyó ese peso, en especial, a los impuestos provinciales sobre los ingresos brutos y a las tasas municipales. Para el BCRA, una baja del costo del crédito para los hogares requiere cambios de política fiscal, más que nuevas decisiones de política monetaria.