La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) celebró la modificación del protocolo para realizar controles de identidad varietal en granos, y, de esa manera, proteger la propiedad intelectual de las semillas, una deuda todavía pendiente del sector agroindustrial local. La entidad advirtió, no obstante, que la medida es un punto de partida y no una solución definitiva.

"Es un paso para empezar a resolver y a reactivar las inversiones del sector. No es la solución en sí misma", señaló Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la ASA, en declaraciones a Infobae en Vivo. La entidad nuclea a la mayoría de las empresas que trabajan en el mejoramiento genético vegetal en el país.

Paseyro explicó que el esquema no modifica lo que el sector privado ya viene realizando desde hace más de una década. "Hoy al productor no le cambia nada, porque lo que establece esta resolución es lo mismo que viene haciendo el sector privado hace más de 10 años", afirmó el directivo. Lo que sí cambia, subrayó, es que la norma otorga un marco legal formal al proceso y abre la puerta a reactivar inversiones en mejoramiento genético que se perdieron por falta de previsibilidad.

Paseyro precisó que el retraso afecta a las llamadas semillas autógamas �aquellas que, a diferencia de los híbridos como el maíz, pueden ser reproducidas por el productor sin necesidad de comprar nuevas cada campaña�. En esas especies, la ausencia de protección intelectual desincentivó la inversión privada en nuevas variedades.

El resultado de esta situación es visible en los datos: Brasil registró 330 variedades de soja el año pasado, frente a solo 23 en Argentina, según citó Sturzenegger este lunes en su cuenta de X al momento de la oficialización de la medida.

En tanto, el directivo de la ASA señaló que la adopción del sistema de contratos entre privados avanzó en soja, pero que quedan pendientes otras especies como el trigo. "Hay un gran porcentaje de productores que adhirieron a ese programa y viene mejorando, pero tenemos que mejorar la adopción en otras especies", indicó. La resolución, precisó, no resuelve de manera inmediata esa brecha, pero genera las condiciones para que el sector privado retome inversiones que durante años migraron hacia Brasil, Estados Unidos, Canadá y países europeos.

La norma, firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari, fue impulsada desde el Ministerio de Desregulación a cargo de Sturzenegger, quien la calificó como "una gran reforma estructural" que permitirá a Argentina acercarse a la frontera tecnológica en producción agrícola.

El ministro ilustró el problema con un dato concreto en su cuenta de X: una hectárea de algodón en el Chaco rinde unos 600 kilogramos de fibra, mientras que en Brasil los rindes superan los 1.800 kilogramos, una brecha que atribuyó directamente a la falta de protección de los derechos de propiedad sobre las semillas.

El mecanismo que establece la resolución funciona a partir de la toma de muestras en el primer punto de entrega de granos, en establecimientos registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Los análisis, realizados con métodos reconocidos por el INASE �entre ellos escáneres e inteligencia artificial�, son procesados por cámaras arbitrales o entidades privadas habilitadas, que luego remiten los resultados al titular de la variedad registrada y al productor. Si se detecta una irregularidad, las partes disponen de un plazo de negociación directa; solo si no hay acuerdo interviene el INASE como instancia de resolución.

No se trata, no obstante, de la implementación de la Ley de Semillas, un debate de larga data en el sector agroindustrial local que volvió a cobrar fuerza tras el acuerdo comercial que la Argentina firmó en febrero con Estados Unidos. Según ese entendimiento, el país debería avanzar hacia los estándares de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, conocidos como UPOV 91.

Esta última es una normativa internacional que refuerza la protección de la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. En la práctica, cambia las reglas del negocio de la genética agrícola: las empresas semilleras sostienen que sin protección de la innovación no hay incentivos para invertir en genética, mientras que buena parte de los productores teme que una normativa más estricta limite prácticas históricas del agro argentino y eleve los costos de producción.

El sistema genera además un incentivo a la multiplicación informal: un productor puede adquirir una variedad, verificar su rendimiento y luego reservar parte del grano para sembrarlo durante varias temporadas sin volver a pagar por esa tecnología. La Mesa de Enlace, Coninagro y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa ya adelantaron públicamente que no respaldarán una normativa en esa línea, mientras el INASE aún tiene pendiente la definición de los protocolos de toma de muestras para cultivos como el algodón.

Fuente: telam