Por Martina Kaniuka para AGENCIA PELOTA DE TRAPO

El primero que empezó a acomodarse en las habitaciones inconclusas del edificio abandonado en la calle Olazábal 3432, de la comuna del barrio de Belgrano R, Capital Federal, fue el sereno de la obra. Recibió el llamado divino del patrón y fue designado protector vitalicio del proyecto que los dueños de Promobra S.A, la empresa constructora que quebró en 1965, abandonó cinco años después de comenzarla. Querían que él y quienes así lo quisieran, lo habitaran, para no perder el inmueble.

Siete años después lo adquiría el Estado Nacional para destinarlo a la creación de viviendas sociales, obras que, tal vez por la zona -sede de embajadas, museos, galerías y de las propiedades más caras a la hora de jugar al Monopolio- nunca avanzaron. A la vez, los 14 pisos se iban poblando de cuerpos y vidas, generaciones e historias que, escapando a la inclemencia de la calle, escribirían la mayoría de sus páginas, cobijados por su techo, al abrigo de los muros de sus habitaciones.

El Elefante Blanco de Belgrano, así lo apodaron los vecinos de la zona que convivieron en paz con sus habitantes durante cinco décadas, desde que los primeros habitantes empezaron a darle vida.

La semana que pasó El Elefante Blanco fue desalojado sin notificación previa por una importante comitiva de funcionarios policiales y personal contratado por una empresa privada que compró el edificio en el año 2022 a un precio casi simbólico, con las 14 familias que hoy lo habitan dentro: 50 personas, incluyendo 15 niños, niñas y adolescentes, algunos con autismo y discapacidades.

Comenzaron sacando los medidores de electricidad, servicio que cada familia abonaba en tiempo y forma. Dos días antes les enviaron una notificación: tenían que irse. Siguieron sacando las pertenencias a la calle. Los cinco pisos iniciales primero: el edificio de 14 pisos nunca tuvo ascensor. En menos de dos horas, las pertenencias y los recuerdos de toda una vida agonizaban en la vereda, orillando el destino del que ya habían sabido escapar.

Contó Marcelo, que habita el edificio hace 20 años con sus cinco hijos, que lo mandaron a provincia, a un lote en un barrio de Buenos Aires, sin cloaca ni servicios, con sus hijos pequeños. Por toda respuesta, a pesar de los reclamos legales que comenzaron sus habitantes, los envían a otra jurisdicción.

Y allí donde debiera leerse que 14 familias que habitan hace más 50 años un edificio están siendo expulsadas de sus casas (sin tiempo de juntar fuerza para volver a empezar y sus cosas para llevarse algo más que la suma de sus recuerdos), los medios de comunicación mienten que se Desalojó un edificio ocupado. Vitorean a la gestión de los Macri, que incluye en el programa de Recuperación Urbana la limpieza de personas en situación de calle, mientras se encarga de expulsarlas de los lugares que habitan para edificar shoppings y construcciones que alojen los morbos fetiche del capital.

¿Quién hubiera querido mudarse cincuenta años atrás a un edificio de 14 pisos sin terminar, sin ascensor, desértico, estéril, sin todos los servicios necesarios para la vida?

Hoy, que de las ventanas rústicas pendían cortinas de colores, de los balcones asomaban macetas, de las ventanas colgaba ropa para secar al viento, hoy que la vida lo enraíza al suelo desde los cimientos a las vigas; hoy se lo apropian, con la colaboración de las fuerzas de seguridad, un gobierno lindante con la inmoralidad, los medios cómplices y vecinos con aspiraciones de terratenientes entrevistados por Forbes. 

Y será como en ese otro rincón condenado de la tierra, publicitado en avisos inmobiliarios que ofrecen los terrenos sin las familias dentro y se aseguran con la fuerza del ejército que si salieron vivas ya no regresen, y las arrestan si osan reclamar sus pertenencias o su derecho a habitar la tierra. La oferta incluye los artefactos, electrodomésticos, fotos, souvenirs, incluso ropa de los propietarios originales y subsidios para alivianar la carga de habitar un hogar construido con la sangre, la vida y la energía de otros, aunque sea ilegal a la vista de toda la comunidad del derecho internacional. Se adiciona el beneficio de poder atacar a quienes ofrezcan resistencia y que sea considerado como derecho a la legítima defensa, sin que la policía ni los organismos de derechos humanos de toda la comunidad internacional hagan absolutamente nada.

En Argentina, más de 15 millones de habitantes no tienen un pedazo de tierra para poner una maceta y, según el Registro de Tierras Rurales (Ley Nacional 26737), aproximadamente 62 millones de hectáreas (35% del territorio) figuran como propiedad de 1250 terratenientes. Y será porque desde El Elefante Blanco a Palestina, desde los territorios comunales mapuche hasta los vecinos desalojados de cada barrio que sirva de hogar a los trabajadores, la criminalización, el despojo, la represión y la violencia que padecen, no es sino por la avaricia y el sinsentido de un sistema que excluyendo a las mayorías vulnerables, no habilita el cuestionamiento de semejantes beneficios.